EEUU insiste con la extradición de Assange 

   El Departamento de Justicia estadounidense rechazó el fallo del 4 de enero de la jueza británica Vanessa Baraitser, que alegaba que el periodista australiano de 49 años sufría problemas de salud mental que aumentarían el riesgo de suicidio si fuera enviado a EEUU para ser juzgado. 

   "Sí, presentamos una apelación y seguimos buscando la extradición", dijo el portavoz del Departamento de Justicia, Marc Raimondi. La apelación dejó clara la intención del nuevo gobierno estadounidense acerca de que Assange sea juzgado por cargos relacionados con "espionaje y piratería" por la publicación de WikiLeaks de cientos de miles de documentos militares y diplomáticos estadounidenses. 

   Biden había sido presionado por grupos de defensa de los derechos humanos para que abandonara el caso, que pone sobre el tapete la falta de transparencia y de respeto a la libertad de prensa por parte de EEUU. Después de que WikiLeaks comenzara a revelar secretos de EEUU en 2009, la entonces administración de Barack Obama, en la que Biden era vicepresidente, renunció a continuar con el caso. 

   Assange dijo que WikiLeaks no era diferente a otros medios protegidos constitucionalmente para publicar tales materiales. Y procesarlo también podría significar procesar a las poderosas corporaciones de noticias por publicar material similar, abriendo las puertas a luchas legales que el gobierno probablemente perdería. 

   Bajo el gobierno de Donald Trump, cuyo triunfo en 2016 contó con la ayuda de WikiLeaks que publicó documentos del Partido Demócrata que dañaron a su rival Hillary Clinton, el Departamento de Justicia construyó un caso de "seguridad nacional" contra Assange. En 2019, en virtud de la ley de espionaje y leyes de delitos informáticos estadounidenses, el australiano fue acusado de "conspiración" y "dirigir a otros para obtener y revelar ilegalmente secretos de Estado" entre 2009 y 2019. 

   Si es declarado culpable de todos los cargos, Assange podría enfrentar una sentencia de prisión de 175 años. Los problemas legales de Assange comenzaron en 2010, cuando fue arrestado en Londres a pedido de Suecia, que quería interrogarlo sobre acusaciones de "violación" y "agresión sexual" realizadas por dos mujeres. 

   En 2012, Assange saltó la fianza y buscó refugio dentro de la embajada ecuatoriana, donde estaba fuera del alcance de las autoridades británicas y suecas, pero también fue un prisionero en la pequeña misión diplomática. Aunque luego Suecia desestimó y archivó las acusaciones de violación, ya Assange era reo por violar la libertad condicional que le había impuesto el Reino Unido.

   Más tarde, la relación entre Assange y Ecuador se desgastó durante el gobierno de Lenin Moreno, alineado con EEUU, y fue desalojado de la embajada en abril de 2019. La policía británica lo arrestó de inmediato y Assange ha permanecido en prisión durante su audiencia de extradición.

   A principios de esta semana, 24 organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, instaron a Biden a abandonar el caso. "Periodistas de las principales publicaciones de noticias hablan regularmente con fuentes, piden aclaraciones o más documentación, y reciben y publican documentos que el gobierno considera secretos", dijeron en una carta abierta. "En nuestra opinión, el precedente de este caso podría efectivamente criminalizar estas prácticas periodísticas comunes".